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Martes
5 de Septiembre de 2006

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=837814

Una relación tensa
 

En la Corte aumenta el enojo con Kirchner

Porque resolvió no cubrir las vacantes

Un creciente malestar es fácilmente perceptible en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por la indefinición del Poder Ejecutivo sobre la integración del máximo tribunal del país.

El fastidio se profundizó recientemente cuando los jueces se enteraron de que el presidente Néstor Kirchner dejará para “otro presidente” la tarea de integrar la Corte. Esto es: no piensa decidir sobre esa cuestión durante el mandato que terminará en diciembre del próximo año, por lo menos.

El gobierno de Kirchner se vio ingratamente sorprendido por la independencia que mostró el tribunal en varias decisiones que tomó. A partir de esas resoluciones, Kirchner cortó todos los contactos con los jueces de la Corte, aunque, en verdad, tampoco éstos querían mantener tratos frecuentes con el Poder Ejecutivo. Con su visión de la política, que separa rápidamente a los amigos de los supuestos enemigos, Kirchner consideró a la Corte “no amiga”.

La no integración de la Corte significa, en los hechos, una notable parálisis del tribunal. Sus miembros –o algunos de ellos– barruntan que detrás de la indefinición de Kirchner se esconde el propósito de anestesiar a la Corte. Sucede que, tal como están las cosas, una resolución del tribunal requiere cinco votos cuando hay sólo siete ministros de la Corte. Cinco sobre siete es una mayoría mucho más difícil de conseguir que cinco sobre nueve.

Debe computarse también el caso del juez Carlos Fayt, un hombre de avanzada edad que se ocupa de algunas pocas causas. En resumen, deben habilitarse cinco votos sobre seis jueces en la mayoría de los casos. Casi la unanimidad para un cuerpo que debe decidir por mayoría simple.

Los jueces de la Corte han recibido la información, fehaciente pero no oficial, de que Kirchner ha decidido dejar que un "próximo presidente" se ocupe de la Corte.

Eso significa que no cubrirá las dos vacantes que existen y que tampoco enviará al Congreso un proyecto de ley para reducir el número de jueces de la Corte a siete.

De esta última forma, la mayoría necesaria sería de cuatro sobre siete. Un número más fácil de alcanzar. La constitucionalidad de la pesificación, por ejemplo, podría resolverse tal como están ahora las posiciones de los jueces.

"No sabe qué hacer"

El argumento del Poder Ejecutivo es que Kirchner "no sabe qué hacer con la Corte". También se explicó que el Presidente supone que cualquier cosa que haga podría prestarse a una comparación con la gestión de Carlos Menem, que nombró a una abrumadora mayoría de jueces cercanos a él.

"Estos jueces no son cercanos", le subrayó un miembro de la Corte a un ministro de Kirchner ante ese argumento. "Ya lo sabemos: son demasiado independientes", fue la corta y seca respuesta del funcionario político.

La actual composición de la Corte Suprema es realmente independiente, gusten o no sus resoluciones. Kirchner parece haberse equivocado, según el criterio actual, cuando buscó personas con prestigio y trayectoria en la Justicia. Precisamente esos antecedentes hacen imposible su dependencia política del Ejecutivo.

La Corte tiene una coincidencia natural con el Gobierno, por la formación de sus miembros, en cuestiones de derechos humanos, pero suele tomar rápida distancia de Kirchner en temas institucionales, económicos y sociales. El reciente fallo sobre el aumento a los jubilados dejó al Gobierno en una situación incómoda: pecaría de insensible si lo ignorara o debería prescindir de gran parte del atesorado superávit de Kirchner si lo cumpliera.

La igualmente cercana resolución sobre la contaminación del Riachuelo descolocó al gobierno argentino en sus posiciones frente a Uruguay por el conflicto de las papeleras que se construyen en Fray Bentos. Las aguas del Riachuelo terminan también en el caudal del Río de la Plata, otro afluente compartido con Uruguay.

Actos de independencia

Esos gestos de independencia son tomados como actos agresivos por el Poder Ejecutivo. "Es independencia y no enemistad, pero esto no se entiende", explicó un ministro de la Corte.

En rigor, el único reproche que se les puede hacer a algunos de sus miembros es la predisposición a opinar públicamente sobre temas que no han llegado todavía a la consideración del tribunal y que, seguramente, provocarán la recusación de ellos si tales cuestiones debieran resolverse en la Corte.

Las experiencias del mundo señalan que los tribunales superiores de justicia sólo explican públicamente el alcance de sus propias resoluciones y, por lo general, por boca de su presidente.

El presidente de la Corte, Enrique Petracchi, desistió de presentarse a una posible reelección como titular del cuerpo. Su mandato como presidente vencerá en noviembre próximo. "Es necesario hacer esta clase de gestos en un clima político donde sólo se habla de reelecciones", dijeron muy cerca de Petracchi. Otro mensaje político a Kirchner y al kirchnerismo en las provincias.

Petracchi adelantó que dará su voto a Raúl Eugenio Zaffaroni para que asuma la presidencia del cuerpo, porque lo considera con los pergaminos suficientes como para estar al frente de la Corte Suprema. Sin embargo, es el propio Zaffaroni quien ha expresado que no aspira a ocupar ese cargo.

Los posibles sucesores de Petracchi como presidente de la Corte son, por ahora, Elena Highton de Nolasco o Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, y tal como sucede con sus resoluciones como tribunal, también en este caso los números cambian o vacilan.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
 

 

Viernes
8 de Septiembre de 2006

Vacantes sin cubrir
 

No aceptó Kirchner
un pedido de la Corte

El Poder Ejecutivo rechazó una propuesta de la Corte Suprema de Justicia para interpretar de una manera distinta la mayoría del cuerpo. Al mismo tiempo, en medio de un intenso debate sobre las dos vacantes en el máximo tribunal de justicia que Néstor Kirchner se niega a cubrir, el Gobierno, al responder una presentación judicial sobre el caso, desconoció el decreto que el propio presidente había firmado para autorregular sus facultades sobre las designaciones de los ministros de la Corte.

La propuesta de la Corte al Ejecutivo consistía en que éste enviara un proyecto de ley al Congreso, en el que se interpretara que la mayoría del cuerpo debería computarse sobre los miembros designados y no sobre el número que marca la ley. De esta manera, la mayoría sería de cuatro sobre los siete jueces en funciones actualmente, y no sobre los nueve que estipula la ley, que obliga a cinco votos para alcanzar la mayoría. Si bien la propuesta de la Corte es discutible (sobre todo, porque podría eventualmente cambiar la jurisprudencia del tribunal si en algún momento se cubrieran las dos vacantes), la iniciativa rechazada expresa, más que nada, la preocupación de la cabeza de un poder del Estado por el atascamiento que sufre como consecuencia de inexplicables morosidades del Poder Ejecutivo. No fue una propuesta ideal, sino una idea desesperada.

El Gobierno rechazó de plano esa propuesta. La versión fue confirmada por fuentes inmejorables del Gobierno, pero la Corte no quiso hacer comentarios. La cuestión se habría tratado en una reunión del presidente de la Corte, Enrique Petracchi, con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

El Presidente se ha negado a tratar personalmente las consecuencias de su demora en nombrar las vacantes de la Corte o en enviar un proyecto de ley al Congreso por el cual se reduce a siete el número de miembros del tribunal.

Esa reticencia del mandatario es lo que sustenta la sospecha de algunos jueces de la Corte de que la estrategia del gobierno consiste, precisamente, en paralizar al tribunal sometiéndolo a mayorías muy difíciles de alcanzar. Actualmente, la Corte debe reunir cinco votos, sobre siete designados, para poder adoptar una resolución.

En verdad, las únicas mayorías que se han podido alcanzar en los últimos tiempos han sido para proporcionarle malas noticias al Gobierno: lo urgió a decidir aumentos para los jubilados, a resolver la contaminación del Riachuelo y, en las últimas horas, a mejorar las pésimas condiciones de las cárceles de Mendoza, provincia gobernada -casualmente o no- por Jorge Cobos, el principal aliado radical de Kirchner.

El Gobierno argumentó que la propuesta de la Corte, sobre una reinterpretación de la mayoría del cuerpo, podía someterlo al vapuleo de la oposición. Esta podría entender esa decisión -dijo- como una maniobra para sacar decisiones favorables con una mayoría más simple. Por ejemplo, la constitucionalidad de la pesificación cuenta ya con cuatro votos, la mayoría de los siete miembros reales, pero no de los nueve teóricos.

Incluso el jefe de Gabinete habló luego por teléfono con la jueza Elena Highton de Nolasco para explicarle las razones de la negativa del Gobierno a la propuesta. Highton de Nolasco es la jueza de la Corte con mejor trato con el Gobierno. La administración política recela de la distancia que suele poner Petracchi y hay otros miembros de la Corte, como Carmen Argibay, que directamente no les atienden el teléfono a los funcionarios del Gobierno.

A todo esto, el Ministerio de Justicia de la Nación respondió formalmente (mediante una carta firmada por la secretaria de Justicia, Marcela Losardo) que las dilaciones presidenciales están respaldadas por la Constitución, que no le pone plazos para esas designaciones, por lo que desconoce de hecho el decreto suscripto por el propio Kirchner menos de un mes después de acceder al poder, en junio de 2003.

El artículo cuarto del decreto 222 dice textualmente: "Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de alcance nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia".

La carta de la secretaria de Justicia fue enviada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la doctora Rita María Ailan por la mora del Poder Ejecutivo en cubrir las vacantes de la Corte, por lo que se contrariaba el decreto 222.

La carta firmada por Losardo recuerda lo que estipula Constitución en materia de nombramientos de jueces de la Corte. Y argumenta: "Dado que la norma constitucional no trae aparejado un plazo y que el tema requiere la máxima atención del señor presidente de la Nación a los fines de la elección de los candidatos más aptos e idóneos para la cobertura de los cargos vacantes de la Corte Suprema de Justicia, el señor presidente hace uso del tiempo necesario a los fines de concretar tales finalidades". Nada dice la carta de la secretaria de Justicia sobre el incumplimiento del decreto 222, que originó el recurso de amparo del Colegio.

Ya hubo casos de otros decretos, sobre todo referidos a tarifas de servicios públicos, que luego no se cumplieron y quedaron atascados en organismos subalternos. La administración de Kirchner podría estar, así, ante una nueva forma de gobernar, que consistiría en firmar decretos que se difunden pomposamente, pero que luego no se cumplen.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION


 
 

Domingo
10 de setiembre de 2006

http://www.lanacion.com.ar/839311

 

El estado de la Justicia: hay 145 tribunales nacionales vacantes

 

Renunciaron 142 jueces desde que asumió Kirchner

 

Es el número más alto desde que volvió la democracia;
los magistrados alegan "hartazgo"

 

Las renuncias de jueces nacionales son récord en lo que va del gobierno de Néstor Kirchner: 142 magistrados dejaron sus cargos en los últimos tres años.

Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas, según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces. En el Ministerio de Justicia, en tanto, dicen que muchos magistrados se fueron para jubilarse (no hay datos oficiales de las causas) y se niegan a arriesgar otra explicación para este fenómeno.

Se trata del índice de deserción más alto desde el advenimiento de la democracia. A lo largo del año y medio de gobierno de Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces; durante los dos años de Fernando de la Rúa, 48; en las presidencias de Carlos Menem, 46 y 102, respectivamente, y en los casi seis años de gestión de Raúl Alfonsín, 110.

Y la tendencia se profundiza. En lo que va de este año ya se fueron 39 magistrados. Sólo habían renunciado tantos jueces juntos durante los doce meses de 2004, de 2005 y de 1984, cuando el fin de la dictadura produjo una renovación en el Poder Judicial.

Mientras tanto, hay cada vez más juzgados vacantes y la Federación Argentina de la Magistratura advierte que ocurre algo nunca visto: en los tribunales del interior ya hay distritos en los que la justicia local tiene problemas para cubrir cargos por falta de candidatos.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por LA NACION sobre todos los decretos de aceptación de renuncias de funcionarios nacionales publicados desde 1983 hasta hoy en el Boletín Oficial.

Hay un dato para tener en cuenta: la Justicia creció. Sobre todo en los años posteriores a 1992, cuando se instrumentó la oralidad para los juicios penales. En 1991 (el primer año del que tiene registro la Oficina de Estadísticas de la Corte), había 558 jueces nacionales y, en 1995, 821. Pero en la última década el número de jueces fue casi idéntico: en 1996 eran 858 y en 2004 (último dato disponible), 874.

Hoy, 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Magistratura. Esto produce demoras en el trámite de las causas y obliga a la Justicia a recurrir a los subrogantes, jueces suplentes de dudosa constitucionalidad.

Consultados por LA NACION, varios jueces coincidieron en que su trabajo se volvió ingrato, que la gente les exige respuestas que no siempre se condicen con lo que les ordena la ley y que el Gobierno, lejos de cumplir con el mandato constitucional de afianzar la Justicia, cuestiona sus decisiones.

A eso se suma el miedo de ser acusados por el Consejo de la Magistratura, que desde 1997 los investiga y los somete a juicio en caso de mal desempeño. En los últimos seis años, al menos 20 jueces renunciaron mientras avanzaba una investigación en contra de ellos.

Reciclado de "gerontes"

La diputada kirchnerista Diana Conti, miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que la renovación obedece a dos causas: a que hay jueces que prefieren renunciar porque saben que podrían ser "ajusticiados" en el Consejo por sus actos y a que el país transita un cambio cultural.

"Esta no es una etapa política de reciclado porque sí de los gerontes. Es un reciclado para las nuevas generaciones. Cumplieron un ciclo y deben ceder el liderazgo", explicó Conti.

Y advirtió: "El sistema político cambió. Ahora responde al pueblo argentino y quiere ser representativo del sentir nacional y popular. Se van los jueces que creían que el sistema político respondía a unos pocos".

María Cristina Camiña, jueza de un tribunal penal y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, no coincide. "Sentimos que estamos en la cuerda floja. Con los juzgados atiborrados, aun el mejor juez corre el riesgo de cometer un error que termine en su destitución", afirmó.

Y enojada, dijo: "Estamos expuestos a la crítica más severa, sin reconocimiento social, y el Gobierno no ayuda para nada. Cuando un juez dicta una sentencia, se pliega al clamor popular, como cuando liberaron a Chabán".

En el Ministerio de Justicia no quisieron hacer ningún análisis. "Los fundamentos que plantean los jueces en sus renuncias son razones personales o jubilación. Lo demás son consideraciones subjetivas", dijo una fuente cercana al ministro Alberto Iribarne.

Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree, en cambio, que hay un innegable descontento en el Poder Judicial.

"Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios, recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo Caminos, que negó que los jueces renunciaran por presiones políticas. "Más allá de expresiones públicas desafortunadas que pueden caer mal en el Poder Judicial, no recibimos denuncias de presiones concretas."

Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de paralizar los poderes judiciales", denunció.

Según Fleming, los jueces están en un "fuego cruzado" entre demandas populares ("de los que no entienden que los jueces no están para buscar consenso") y un Estado ausente para apoyar sus decisiones. "Enfrentamos una soledad institucional que produce mucho desgaste", declaró.

En tanto, la sociedad no confía en los jueces. Según un estudio del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la Justicia como "muy confiable".

Fleming cree que la Justicia tocó fondo y que ahora se van a empezar a ver signos de la recuperación. Pero advierte que el desprestigio es fuerte en el interior y que hay problemas para cubrir las vacantes por falta de candidatos: "Pasó en Salta, en algunos distritos como Orán y Tartagal, que no llegaron a juntar siquiera tres candidatos para hacer una terna. Esto era impensado en otros tiempos".

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION


Acorralados

 

  • Acorralados por investigaciones que avanzaban contra ellos en el Consejo de la Magistratura, varios jueces renunciaron. Según la Comisión de Acusación del Consejo, fueron 16 casos, pero los archivos dan cuenta de algunos más. En general, el Presidente acepta esas renuncias, pero el Consejo a veces le recomienda rechazarlas, como en el caso de Juan José Galeano, finalmente destituido. En rigor, el juicio político tiene por único fin la remoción. Entonces, no tiene sentido no aceptar la renuncia ("es un dispendio jurisdiccional", dijo a LA NACION Ricardo Gil Lavedra), pero los consejeros creen que permite revelar la verdad.

 

Martes
12 de Septiembre de 2006

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=839818

 


Adrián Ventura
El análisis

Entre dos fuegos
y sin margen

El juez Jorge Urso se encontró entre dos fuegos: por un lado, varias denuncias de corrupción en su contra y, por el otro, la presión política que se desató en el mismo momento en que, hace dos años, ordenó la captura del piquetero Luis D Elía, algo que el Gobierno no le perdonó.

Su tiempo se había acabado; supo que no podría sobrevivir y renunció.

* * *

Cuando el presidente Néstor Kirchner llegó al Gobierno, tuvo una política clara: echar a los jueces de la Corte Suprema que representaron aquella época. Les aceptó la renuncia a Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, que la presentaron bajo fuerte presión, y el Senado se ocupó de destituir a los dos que no se doblegaron: Eduardo Moliné
O Connor y Antonio Boggiano.

En todos los casos, la decisión era sacar a todos esos jueces. El Gobierno fue categórico, logró su objetivo en poco tiempo y no aceptó negociar con aquellos que lo intentaron.

La política respecto de los jueces federales fue distinta, más laxa, aunque también clara. Luego de un primer intento del entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz de emular el estilo confrontativo de Kirchner -que terminó con la cabeza del propio Beliz-, el Gobierno buscó un camino menos peligroso y les tendió a los jueces la oportunidad de reconvertirse.

Algunos jueces de la era de Carlos Menem ya se habían ido mucho antes: Adolfo Bagnasco y Gustavo Literas. Faltaba ver qué ocurría con los restantes.

Hubo jueces que fueron flexibles. Claudio Bonadío es uno de estos casos. "Bonadío investigó muy mal la causa del encubrimiento del caso AMIA, de fuerte contenido político. No se entiende por qué el Gobierno lo defiende, pero lo hace", dice la diputada de ARI Marcela Rodríguez, una de las integrantes del Consejo de la Magistratura. Quienes lo protegen son lo diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, que integran el Consejo.

El juez Norberto Oyarbide reflotó causas de derechos humanos y la jueza María Servini de Cubría, que ejerce la competencia electoral, supo disimular las irregularidades que los partidos, especialmente el Frente para la Victoria, cometieron en la campaña de 2003. Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Ballestero optaron por mantener el perfil bajo que siempre tuvieron y no corren peligro.

En cambio, Urso no se avino a cruzar el puente. Jugó un juego fuerte, pero midió bien sus fuerzas. Y las sospechas que pesaban sobre él hicieron el resto del trabajo.

* * *

En 2004, en el mismo momento en que ordenó la captura de D Elía, supo que había cruzado la raya. Le había tocado esa causa y era indisimulable que el piquetero había cometido un delito gravísimo. Pero no calculó cuánto estaba dispuesto el Gobierno a defenderlo. Luego llegaron a su juzgado otras denuncias, pero ya no tuvo espacio político para investigarlas

Poco después de aquella decisión, a principios de 2005, el Consejo comenzó a acumular causas en su contra.

Algunas denuncias contra el ex magistrado tienen más fundamentos que otras. Pero Urso calculó que el Consejo de la Magistratura venía dispuesto a hacer rodar su cabeza. Nadie de los actuales integrantes del cuerpo le tendería una mano. Y el hecho de que el diputado Kunkel fuese el encargado de investigarlo fue un signo inequívoco de que había llegado su final.

Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=839818
LA NACION | 12.09.2006 | Página 6 | Política
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