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Martes
5 de Septiembre de 2006 |
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http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=837814 |
Una relación tensa
En la Corte
aumenta el enojo con Kirchner
Porque resolvió no cubrir las vacantes
Un creciente malestar es fácilmente perceptible
en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por la indefinición
del Poder Ejecutivo sobre la integración del máximo tribunal del país.
El fastidio se profundizó recientemente cuando
los jueces se enteraron de que el presidente Néstor Kirchner dejará
para “otro presidente” la tarea de integrar la Corte. Esto es: no
piensa decidir sobre esa cuestión durante el mandato que terminará en
diciembre del próximo año, por lo menos.
El gobierno de Kirchner se vio ingratamente
sorprendido por la independencia que mostró el tribunal en varias
decisiones que tomó. A partir de esas resoluciones, Kirchner cortó
todos los contactos con los jueces de la Corte, aunque, en verdad,
tampoco éstos querían mantener tratos frecuentes con el Poder
Ejecutivo. Con su visión de la política, que separa rápidamente a los
amigos de los supuestos enemigos, Kirchner consideró a la Corte “no
amiga”.
La no integración de la Corte significa, en los
hechos, una notable parálisis del tribunal. Sus miembros –o algunos de
ellos– barruntan que detrás de la indefinición de Kirchner se esconde
el propósito de anestesiar a la Corte. Sucede que, tal como están las
cosas, una resolución del tribunal requiere cinco votos cuando hay
sólo siete ministros de la Corte. Cinco sobre siete es una mayoría
mucho más difícil de conseguir que cinco sobre nueve.
Debe computarse también el caso del juez Carlos
Fayt, un hombre de avanzada edad que se ocupa de algunas pocas causas.
En resumen, deben habilitarse cinco votos sobre seis jueces en la
mayoría de los casos. Casi la unanimidad para un cuerpo que debe
decidir por mayoría simple.
Los jueces de la Corte han recibido la
información, fehaciente pero no oficial, de que Kirchner ha decidido
dejar que un "próximo presidente" se ocupe de la Corte.
Eso significa que no cubrirá las dos vacantes
que existen y que tampoco enviará al Congreso un proyecto de ley para
reducir el número de jueces de la Corte a siete.
De esta última forma, la mayoría necesaria sería
de cuatro sobre siete. Un número más fácil de alcanzar. La
constitucionalidad de la pesificación, por ejemplo, podría resolverse
tal como están ahora las posiciones de los jueces.
"No sabe qué hacer"
El argumento del Poder Ejecutivo es que Kirchner
"no sabe qué hacer con la Corte". También se explicó que el Presidente
supone que cualquier cosa que haga podría prestarse a una comparación
con la gestión de Carlos Menem, que nombró a una abrumadora mayoría de
jueces cercanos a él.
"Estos jueces no son cercanos", le subrayó un
miembro de la Corte a un ministro de Kirchner ante ese argumento. "Ya
lo sabemos: son demasiado independientes", fue la corta y seca
respuesta del funcionario político.
La actual composición de la Corte Suprema es
realmente independiente, gusten o no sus resoluciones. Kirchner parece
haberse equivocado, según el criterio actual, cuando buscó personas
con prestigio y trayectoria en la Justicia. Precisamente esos
antecedentes hacen imposible su dependencia política del Ejecutivo.
La Corte tiene una coincidencia natural con el
Gobierno, por la formación de sus miembros, en cuestiones de derechos
humanos, pero suele tomar rápida distancia de Kirchner en temas
institucionales, económicos y sociales. El reciente fallo sobre el
aumento a los jubilados dejó al Gobierno en una situación incómoda:
pecaría de insensible si lo ignorara o debería prescindir de gran
parte del atesorado superávit de Kirchner si lo cumpliera.
La igualmente cercana resolución sobre la
contaminación del Riachuelo descolocó al gobierno argentino en sus
posiciones frente a Uruguay por el conflicto de las papeleras que se
construyen en Fray Bentos. Las aguas del Riachuelo terminan también en
el caudal del Río de la Plata, otro afluente compartido con Uruguay.
Actos de independencia
Esos gestos de independencia son tomados como
actos agresivos por el Poder Ejecutivo. "Es independencia y no
enemistad, pero esto no se entiende", explicó un ministro de la Corte.
En rigor, el único reproche que se les puede
hacer a algunos de sus miembros es la predisposición a opinar
públicamente sobre temas que no han llegado todavía a la consideración
del tribunal y que, seguramente, provocarán la recusación de ellos si
tales cuestiones debieran resolverse en la Corte.
Las experiencias del mundo señalan que los
tribunales superiores de justicia sólo explican públicamente el
alcance de sus propias resoluciones y, por lo general, por boca de su
presidente.
El presidente de la Corte, Enrique Petracchi,
desistió de presentarse a una posible reelección como titular del
cuerpo. Su mandato como presidente vencerá en noviembre próximo. "Es
necesario hacer esta clase de gestos en un clima político donde sólo
se habla de reelecciones", dijeron muy cerca de Petracchi. Otro
mensaje político a Kirchner y al kirchnerismo en las provincias.
Petracchi adelantó que dará su voto a Raúl
Eugenio Zaffaroni para que asuma la presidencia del cuerpo, porque lo
considera con los pergaminos suficientes como para estar al frente de
la Corte Suprema. Sin embargo, es el propio Zaffaroni quien ha
expresado que no aspira a ocupar ese cargo.
Los posibles sucesores de Petracchi como
presidente de la Corte son, por ahora, Elena Highton de Nolasco o
Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, y tal como sucede con sus
resoluciones como tribunal, también en este caso los números cambian o
vacilan.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
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Viernes
8 de Septiembre de 2006 |
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Vacantes sin cubrir
No aceptó
Kirchner
un pedido de la Corte
El Poder Ejecutivo rechazó una propuesta de la
Corte Suprema de Justicia para interpretar de una manera distinta la
mayoría del cuerpo. Al mismo tiempo, en medio de un intenso debate
sobre las dos vacantes en el máximo tribunal de justicia que Néstor
Kirchner se niega a cubrir, el Gobierno, al responder una presentación
judicial sobre el caso, desconoció el decreto que el propio presidente
había firmado para autorregular sus facultades sobre las designaciones
de los ministros de la Corte.
La propuesta de la Corte al Ejecutivo consistía
en que éste enviara un proyecto de ley al Congreso, en el que se
interpretara que la mayoría del cuerpo debería computarse sobre los
miembros designados y no sobre el número que marca la ley. De esta
manera, la mayoría sería de cuatro sobre los siete jueces en funciones
actualmente, y no sobre los nueve que estipula la ley, que obliga a
cinco votos para alcanzar la mayoría. Si bien la propuesta de la Corte
es discutible (sobre todo, porque podría eventualmente cambiar la
jurisprudencia del tribunal si en algún momento se cubrieran las dos
vacantes), la iniciativa rechazada expresa, más que nada, la
preocupación de la cabeza de un poder del Estado por el atascamiento
que sufre como consecuencia de inexplicables morosidades del Poder
Ejecutivo. No fue una propuesta ideal, sino una idea desesperada.
El Gobierno rechazó de plano esa propuesta. La
versión fue confirmada por fuentes inmejorables del Gobierno, pero la
Corte no quiso hacer comentarios. La cuestión se habría tratado en una
reunión del presidente de la Corte, Enrique Petracchi, con el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, y con el ministro de Justicia, Alberto
Iribarne.
El Presidente se ha negado a tratar
personalmente las consecuencias de su demora en nombrar las vacantes
de la Corte o en enviar un proyecto de ley al Congreso por el cual se
reduce a siete el número de miembros del tribunal.
Esa reticencia del mandatario es lo que sustenta
la sospecha de algunos jueces de la Corte de que la estrategia del
gobierno consiste, precisamente, en paralizar al tribunal sometiéndolo
a mayorías muy difíciles de alcanzar. Actualmente, la Corte debe
reunir cinco votos, sobre siete designados, para poder adoptar una
resolución.
En verdad, las únicas mayorías que se han podido
alcanzar en los últimos tiempos han sido para proporcionarle malas
noticias al Gobierno: lo urgió a decidir aumentos para los jubilados,
a resolver la contaminación del Riachuelo y, en las últimas horas, a
mejorar las pésimas condiciones de las cárceles de Mendoza, provincia
gobernada -casualmente o no- por Jorge Cobos, el principal aliado
radical de Kirchner.
El Gobierno argumentó que la propuesta de la
Corte, sobre una reinterpretación de la mayoría del cuerpo, podía
someterlo al vapuleo de la oposición. Esta podría entender esa
decisión -dijo- como una maniobra para sacar decisiones favorables con
una mayoría más simple. Por ejemplo, la constitucionalidad de la
pesificación cuenta ya con cuatro votos, la mayoría de los siete
miembros reales, pero no de los nueve teóricos.
Incluso el jefe de Gabinete habló luego por
teléfono con la jueza Elena Highton de Nolasco para explicarle las
razones de la negativa del Gobierno a la propuesta. Highton de Nolasco
es la jueza de la Corte con mejor trato con el Gobierno. La
administración política recela de la distancia que suele poner
Petracchi y hay otros miembros de la Corte, como Carmen Argibay, que
directamente no les atienden el teléfono a los funcionarios del
Gobierno.
A todo esto, el Ministerio de Justicia de la
Nación respondió formalmente (mediante una carta firmada por la
secretaria de Justicia, Marcela Losardo) que las dilaciones
presidenciales están respaldadas por la Constitución, que no le pone
plazos para esas designaciones, por lo que desconoce de hecho el
decreto suscripto por el propio Kirchner menos de un mes después de
acceder al poder, en junio de 2003.
El artículo cuarto del decreto 222 dice
textualmente: "Establécese que, producida una vacante en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de 30 días se
publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de
alcance nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes
curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración
para la cobertura de la vacancia".
La carta de la secretaria de Justicia fue
enviada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La
entidad había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado en lo
Contencioso Administrativo de la doctora Rita María Ailan por la mora
del Poder Ejecutivo en cubrir las vacantes de la Corte, por lo que se
contrariaba el decreto 222.
La carta firmada por Losardo recuerda lo que
estipula Constitución en materia de nombramientos de jueces de la
Corte. Y argumenta: "Dado que la norma constitucional no trae
aparejado un plazo y que el tema requiere la máxima atención del señor
presidente de la Nación a los fines de la elección de los candidatos
más aptos e idóneos para la cobertura de los cargos vacantes de la
Corte Suprema de Justicia, el señor presidente hace uso del tiempo
necesario a los fines de concretar tales finalidades". Nada dice la
carta de la secretaria de Justicia sobre el incumplimiento del decreto
222, que originó el recurso de amparo del Colegio.
Ya hubo casos de otros decretos, sobre todo
referidos a tarifas de servicios públicos, que luego no se cumplieron
y quedaron atascados en organismos subalternos. La administración de
Kirchner podría estar, así, ante una nueva forma de gobernar, que
consistiría en firmar decretos que se difunden pomposamente, pero que
luego no se cumplen.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
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Domingo
10 de setiembre de 2006 |
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http://www.lanacion.com.ar/839311 |
El estado de la
Justicia: hay 145 tribunales nacionales vacantes
Renunciaron 142 jueces desde que asumió Kirchner
Es el
número más alto desde que volvió la democracia;
los magistrados alegan "hartazgo"
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Las renuncias de jueces nacionales son récord
en lo que va del gobierno de Néstor Kirchner: 142 magistrados
dejaron sus cargos en los últimos tres años.
Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas,
según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces.
En el Ministerio de Justicia, en tanto, dicen que muchos
magistrados se fueron para jubilarse (no hay datos oficiales de
las causas) y se niegan a arriesgar otra explicación para este
fenómeno.
Se trata del índice de deserción más alto desde el advenimiento
de la democracia. A lo largo del año y medio de gobierno de
Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces; durante los dos años de
Fernando de la Rúa, 48; en las presidencias de Carlos Menem, 46
y 102, respectivamente, y en los casi seis años de gestión de
Raúl Alfonsín, 110.
Y la tendencia se profundiza. En lo que va de este año ya se
fueron 39 magistrados. Sólo habían renunciado tantos jueces
juntos durante los doce meses de 2004, de 2005 y de 1984, cuando
el fin de la dictadura produjo una renovación en el Poder
Judicial.
Mientras tanto, hay cada vez más juzgados vacantes y la
Federación Argentina de la Magistratura advierte que ocurre algo
nunca visto: en los tribunales del interior ya hay distritos en
los que la justicia local tiene problemas para cubrir cargos por
falta de candidatos.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por LA NACION
sobre todos los decretos de aceptación de renuncias de
funcionarios nacionales publicados desde 1983 hasta hoy en el
Boletín Oficial.
Hay un dato para tener en cuenta: la Justicia creció. Sobre todo
en los años posteriores a 1992, cuando se instrumentó la
oralidad para los juicios penales. En 1991 (el primer año del
que tiene registro la Oficina de Estadísticas de la Corte),
había 558 jueces nacionales y, en 1995, 821. Pero en la última
década el número de jueces fue casi idéntico: en 1996 eran 858 y
en 2004 (último dato disponible), 874.
Hoy, 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la
información publicada por el Consejo de la Magistratura. Esto
produce demoras en el trámite de las causas y obliga a la
Justicia a recurrir a los subrogantes, jueces suplentes de
dudosa constitucionalidad.
Consultados por LA NACION, varios jueces coincidieron en que su
trabajo se volvió ingrato, que la gente les exige respuestas que
no siempre se condicen con lo que les ordena la ley y que el
Gobierno, lejos de cumplir con el mandato constitucional de
afianzar la Justicia, cuestiona sus decisiones.
A eso se suma el miedo de ser acusados por el Consejo de la
Magistratura, que desde 1997 los investiga y los somete a juicio
en caso de mal desempeño. En los últimos seis años, al menos 20
jueces renunciaron mientras avanzaba una investigación en contra
de ellos.
Reciclado de "gerontes"
La diputada kirchnerista Diana Conti, miembro del Consejo de la
Magistratura, sostuvo que la renovación obedece a dos causas: a
que hay jueces que prefieren renunciar porque saben que podrían
ser "ajusticiados" en el Consejo por sus actos y a que el país
transita un cambio cultural.
"Esta no es una etapa política de reciclado porque sí de los
gerontes. Es un reciclado para las nuevas generaciones.
Cumplieron un ciclo y deben ceder el liderazgo", explicó Conti.
Y advirtió: "El sistema político cambió. Ahora responde al
pueblo argentino y quiere ser representativo del sentir nacional
y popular. Se van los jueces que creían que el sistema político
respondía a unos pocos".
María Cristina Camiña, jueza de un tribunal penal y presidenta
de la Asociación de Mujeres Jueces, no coincide. "Sentimos que
estamos en la cuerda floja. Con los juzgados atiborrados, aun el
mejor juez corre el riesgo de cometer un error que termine en su
destitución", afirmó.
Y enojada, dijo: "Estamos expuestos a la crítica más severa, sin
reconocimiento social, y el Gobierno no ayuda para nada. Cuando
un juez dicta una sentencia, se pliega al clamor popular, como
cuando liberaron a Chabán".
En el Ministerio de Justicia no quisieron hacer ningún análisis.
"Los fundamentos que plantean los jueces en sus renuncias son
razones personales o jubilación. Lo demás son consideraciones
subjetivas", dijo una fuente cercana al ministro Alberto
Iribarne.
Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree, en cambio, que hay
un innegable descontento en el Poder Judicial.
"Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de
respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios,
recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo
Caminos, que negó que los jueces renunciaran por presiones
políticas. "Más allá de expresiones públicas desafortunadas que
pueden caer mal en el Poder Judicial, no recibimos denuncias de
presiones concretas."
Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la
Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No
cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa
con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de
paralizar los poderes judiciales", denunció.
Según Fleming, los jueces están en un "fuego cruzado" entre
demandas populares ("de los que no entienden que los jueces no
están para buscar consenso") y un Estado ausente para apoyar sus
decisiones. "Enfrentamos una soledad institucional que produce
mucho desgaste", declaró.
En tanto, la sociedad no confía en los jueces. Según un estudio
del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la
Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la
Justicia como "muy confiable".
Fleming cree que la Justicia tocó fondo y que ahora se van a
empezar a ver signos de la recuperación. Pero advierte que el
desprestigio es fuerte en el interior y que hay problemas para
cubrir las vacantes por falta de candidatos: "Pasó en Salta, en
algunos distritos como Orán y Tartagal, que no llegaron a juntar
siquiera tres candidatos para hacer una terna. Esto era
impensado en otros tiempos".
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
Acorralados
- Acorralados por
investigaciones que avanzaban contra ellos en el Consejo de la
Magistratura, varios jueces renunciaron. Según la Comisión de
Acusación del Consejo, fueron 16 casos, pero los archivos dan
cuenta de algunos más. En general, el Presidente acepta esas
renuncias, pero el Consejo a veces le recomienda rechazarlas,
como en el caso de Juan José Galeano, finalmente destituido.
En rigor, el juicio político tiene por único fin la remoción.
Entonces, no tiene sentido no aceptar la renuncia ("es un
dispendio jurisdiccional", dijo a LA NACION Ricardo Gil
Lavedra), pero los consejeros creen que permite revelar la
verdad.
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Martes
12 de Septiembre de 2006
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http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=839818 |
Adrián Ventura
El análisis |
Entre
dos fuegos
y sin margen |
El juez Jorge Urso se encontró entre
dos fuegos: por un lado, varias denuncias de corrupción en
su contra y, por el otro, la presión política que se desató
en el mismo momento en que, hace dos años, ordenó la captura
del piquetero Luis D Elía, algo que el Gobierno no le
perdonó.
Su tiempo se había acabado; supo que
no podría sobrevivir y renunció.
* * *
Cuando el presidente Néstor Kirchner
llegó al Gobierno, tuvo una política clara: echar a los
jueces de la Corte Suprema que representaron aquella época.
Les aceptó la renuncia a Julio Nazareno, Guillermo López y
Adolfo Vázquez, que la presentaron bajo fuerte presión,
y el Senado se ocupó de destituir a los dos
que no se doblegaron: Eduardo Moliné
O Connor y Antonio Boggiano.
En todos los casos, la decisión era
sacar a todos esos jueces. El Gobierno fue categórico, logró
su objetivo en poco tiempo y no aceptó negociar con aquellos
que lo intentaron.
La política respecto de los jueces
federales fue distinta, más laxa, aunque también clara.
Luego de un primer intento del entonces ministro de Justicia
Gustavo Beliz de emular el estilo confrontativo de Kirchner
-que terminó con la cabeza del propio Beliz-, el Gobierno
buscó un camino menos peligroso y les tendió a los jueces la
oportunidad de reconvertirse.
Algunos jueces de la era de Carlos
Menem ya se habían ido mucho antes: Adolfo Bagnasco y
Gustavo Literas. Faltaba ver qué ocurría con los restantes.
Hubo jueces que fueron flexibles.
Claudio Bonadío es uno de estos casos. "Bonadío investigó
muy mal la causa del encubrimiento del caso AMIA, de fuerte
contenido político. No se entiende por qué el Gobierno lo
defiende, pero lo hace", dice la diputada de ARI Marcela
Rodríguez, una de las integrantes del Consejo de la
Magistratura. Quienes lo protegen son lo diputados
kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, que integran el
Consejo.
El juez Norberto Oyarbide reflotó
causas de derechos humanos y la jueza María Servini de
Cubría, que ejerce la competencia electoral, supo disimular
las irregularidades que los partidos, especialmente el
Frente para la Victoria, cometieron en la campaña de 2003.
Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Ballestero optaron por
mantener el perfil bajo que siempre tuvieron y no corren
peligro.
En cambio, Urso no se avino a cruzar
el puente. Jugó un juego fuerte, pero midió bien sus
fuerzas. Y las sospechas que pesaban sobre él hicieron el
resto del trabajo.
* * *
En 2004, en el mismo momento en que
ordenó la captura de D Elía, supo que había cruzado la raya.
Le había tocado esa causa y era indisimulable que el
piquetero había cometido un delito gravísimo. Pero no
calculó cuánto estaba dispuesto el Gobierno a defenderlo.
Luego llegaron a su juzgado otras denuncias, pero ya no tuvo
espacio político para investigarlas
Poco después de aquella decisión, a
principios de 2005, el Consejo comenzó a acumular causas en
su contra.
Algunas denuncias contra el ex
magistrado tienen más fundamentos que otras. Pero Urso
calculó que el Consejo de la Magistratura venía dispuesto a
hacer rodar su cabeza. Nadie de los actuales integrantes del
cuerpo le tendería una mano. Y el hecho de que el diputado
Kunkel fuese el encargado de investigarlo fue un signo
inequívoco de que había llegado su final.
Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
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